Tras el fiasco del Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler nos encontramos ante un nuevo intento de regulación, esperemos que más duradero por el bien de nuestra sociedad, pues éste último sólo duró 35 días. Se trata del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Os dejo las 7 claves de esta nueva norma:

  1. Condición de vivienda habitual: el arrendamiento de vivienda no perderá esta condición aunque el arrendatario no tenga en la finca arrendada su vivienda permanente, siempre que en ella habiten su cónyuge no separado legalmente o de hecho, o sus hijos dependientes.
  2. Duración: la mínima será de 5 años si el propietario es persona física o 7 años si el propietario es persona jurídica (bancos o sociedades).
  3. Prórroga obligatoria: Si vencido el contrato ninguna de las partes comunicara a la otra con suficiente antelación la voluntad de no renovar, se prorrogará anualmente hasta 3 años más.
  4. Subrogación: Si se vende la vivienda, quien la compra, debe respetar la duración del contrato de arrendamiento.
  5. Actualización renta: durante la vigencia del contrato, la renta sólo podrá ser actualizada cada año y, a falta de pacto, la variación anual será la del Índice de Garantía de Competitividad (IGC).
  6. Gastos inmobiliaria: los gastos serán a cargo del arrendador cuando éste sea persona jurídica.
  7. Fianza: en los casos de vivienda, se puede solicitar 1 mes de fianza y 2 meses de depósito de garantía. Total máximo: 3 mensualidades.

Aunque la norma referenciada lleva a algún cambio normativo más, aquí sólo hemos citado los 7 que nos han parecido más relevantes para la mayoría.

Esta normativa es de aplicación para los contratos firmados a partir del 6 de marzo de 2019.

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Esta pregunta se la hará cualquier persona que desee alquilar un inmueble. Ante las barbaridades que muchos sabemos de impagos, destrozos y mala fe del inquilino u ocupa, tenemos miedo de arrendar el inmueble y, tras haber subido una mala experiencia, decidimos subir el precio para así asegurarnos de que nos es rentable aunque nos lo destrocen.

La opción de alquilar más caro para asegurarse «estar cubierto» frente a futuros impagos o destrozos, es una opción como cualquier otra y totalmente legítima. Sin embargo, mi experiencia me dice que no es la mejor pues, si pones una renta elevada, puede que no sea acorde a lo que estás alquilando y además que no puedan pagártelo. O que deban subarrendar habitaciones para poder asumir el pago. Sin embargo, si pones una renta más asequible y pides referencias del inquilino, tendrás más probabilidades de éxito porque él se sentirá cómodo pagando una renta razonable y, en caso de impago, siempre podrás usar las garantías pedidas a la hora de formalizar el contrato.

¿A qué me refiero con garantías? Pues para mí algo básico a pedir a cualquier inquilino es un contrato de trabajo y la declaración de la renta de los últimos años. Así, puedes ver dónde trabaja y desde cuándo, los ingresos que tiene (para ver si te va a poder pagar), si es autónomo puedes pedir las declaraciones de IVA, copia del DNI y preguntarle por sus bienes (puede que tenga una casa en otro lugar, un garaje, un coche, una moto, etc.). Con todos estos datos, en caso de impago, podrás localizarle a la hora de poner la demanda y, si fuere necesario, embargarle sus bienes o la nómina.

Aquí en la asociación Soluciones legales para todos, te proponemos que por una cuota de 20 euros al mes, nosotros estudiamos la viabilidad del inquilino y, si damos el visto bueno, asumimos la demanda de desahucio y reclamación de cantidad en caso de que el inquilino no cumpla. Es decir, si no te pagan o no se quieren ir cuando ya ha cumplido el contrato, ¡te hacemos toda la tramitación sin más costes que tu cuota de 20€! Contáctanos y te ayudaremos. Si te parece buena idea, ¡comparte!

La fianza es una cantidad de dinero que se da para asegurar el cumplimiento de la obligación del pago en el caso de los arrendamientos. Así, si el inquilino deja de pagar la renta o los suministros, el propietario se garantiza el cobro con esta cantidad entregada a cuenta.

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece en su artículo 36 que en el caso de vivienda, la fianza será la cantidad equivalente a una mensualidad y en caso del arrendamiento para uso distinto de vivienda será de dos mensualidades. Por lo tanto, te pueden exigir dos meses si estamos ante un arrendamiento para uso distinto de vivienda (vivienda vacacional o un local, por ejemplo) pero para el caso de vivienda habitual sólo se te puede exigir un mes. Así se pronuncia también el Decreto 22/1989, de 22 de febrero. Este decreto habla de la obligación por parte del propietario de depositar la fianza en el órgano correspondiente (en el caso de Baleares es el IBAVI pero cada Comunidad Autónoma tiene el suyo), y también establece lo mismo: que será un mes de fianza para losa arrendamientos de vivienda y de dos meses para el uso distinto de vivienda.

¿Cuál es el problema? Que, como bien hemos dicho al principio, la fianza es una cantidad de dinero que se da para asegurar el cobro pero, y si el inquilino no paga la renta, ¿queda el propietario cubierto con un mes de fianza? La realidad es que no. La realidad es que el propietario queda completamente desprotegido porque los procedimientos de desahucio tardan meses y si el inquilino deja de pagar, con un mes de fianza no cubre la deuda.

¿Cuál sería la solución? Entendemos que no todos los inquilinos pueden ofrecer los 6 meses de fianza que puede costar un procedimiento de desahucio. Por ello, deben poder ofrecer algún otro tipo de garantía, un aval y, sobretodo, modificar la Ley para ayudar a los propietarios en caso de que los inquilinos no cumplan con su obligación de pago.

Desde la Asociación Soluciones Legales Para Todos, también ofrecemos a los propietarios la posibilidad de, haciéndose socios, darles cobertura en caso de impago por parte del inquilino.

 

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